Profesionales como asesores fiscales, abogados, banqueros o contables que tengan conocimiento de que un cliente realiza determinadas prácticas propias de una planificación fiscal agresiva tendrán la obligación de informar a las autoridades nacionales. De lo contrario se les aplicarán sanciones. El acuerdo deja en manos de cada país la definición de estas sanciones, pero obliga a que sean "proporcionadas y disuasorias". Así lo ha decidido hoy el Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin), en una reunión celebrada en Bruselas. La medida toma forma de reforma de una directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad de 2011. Los Gobiernos tienen ahora hasta el 31 de diciembre de 2019 para trasponer los cambios. Estos entrarán en vigor el 1 de enero de 2020. Además, el acuerdo incluye un plan para que los Estados compartan de forma automática esta información, para que las administraciones tributarias de c...
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